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Según las autoridades, esta nueva ley, que controlará el acceso no sólo de turistas, sino también de trabajadores de ONG, y que multará con hasta 40.000 euros a aquellos que la incumplan, pretende proteger al Amazonas y sus habitantes, sobretodo, a los indígenas y caboclos ya que, por ejemplo, algunas ONG, según el Gobierno, son tapaderas de grupos o corporaciones que lo único que buscan es apropiarse de las riqueza biológica y del saber de los pueblos indígenas con el propósito de patentar nuevas y caras medicinas, sin que estos negocios dejen nada en Brasil.
Greenpeace, unas de las ONG a la que más afectará esta nueva Ley, cree que esto será contraproducente tanto para la investigación médica como para la protección de la naturaleza ya que, en muchos casos, no habrá quien denuncie ciertas prácticas...
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